Nos constituimos como  Asociación Nacional, porque nuestros hijos robados, no tienen denominación de origen,  pueden estar en cualquier  Región o en cualquier país del Mundo, viviendo con su identidad, oficialmente falsificada.

Hemos sido nombrados de  Utilidad Pública en 2019 debido a toda la labor realizada desde nuestra fundación en 2015,  representando a estas víctimas.

Uno de nuestros propósitos  es hacer llegar a la Sociedad, un mensaje de “resistencia” para que, estén donde estén  nuestros hijos,  sepan que jamás dejaremos de buscarlos. 

Queremos expresar nuestro reconocimiento a los medios de comunicación por difundir  nuestros mensajes de búsqueda  y  agradecer que traten con rigor y respeto nuestra información, pues cada caso es una herida abierta en la conciencia democrática de nuestro país. Necesitamos que comprendan que algunas de las preguntas que nos hacen en las entrevistas, no está a nuestro alcance conocerlas. Deberían dirigirlas a los responsables de las instituciones. Por ejemplo, no podemos hacer una estimación del  número de casos, esa información está en poder del Instituto de Estadística, del Ministerio de Sanidad, de Justicia, de Interior o de Fiscalía. No existen cifras oficiales por más que las hemos demandado. Esa estadística oficial, no interesa. Las víctimas estamos realizando un trabajo de investigación y encontrando las pruebas más evidentes que se puedan aportar, a pesar de no tener a nuestro alcance los medios de los que dispone la  Policía o la Fiscalía. Pero a pesar de todo,  la Justicia archiva o dilata la instrucción hasta la desesperación de las víctimas o el fallecimiento de los criminales. Un dato indiscutible que rompe cualquier lógica estadística es que, a finales de 2019, de las 3.000 denuncias que constan, la Justicia española no ha resuelto ni un solo caso.